En un mundo cada vez más digitalizado, la adaptación de las estructuras legales y judiciales es esencial para garantizar una adecuada protección de los derechos e intereses de los ciudadanos. En este contexto, el Gobierno ha presentado el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Esta iniciativa, que busca reorganizar la Administración de Justicia, incorpora las exigencias de la Unión Europea para la protección de los consumidores, tal como establece la Directiva 2020/1828.
Reforma organizativa y eficiencia procesal:
La futura Ley Orgánica introduce una reforma estructural en la Administración de Justicia, adaptándola a las necesidades actuales. Así, la renovada estructura organizativa se asienta en tres novedades, como son los Tribunales de Instancia, uno por partido judicial; la implementación de una Oficina Judicial única para cada uno de esos tribunales; y las Oficinas de Justicia en los Municipios, que sustituyen a los juzgados de paz. Con estas novedades, se optimizarán recursos y se acercará la justicia a todos los ciudadanos, haciendo uso de las tecnologías para facilitar la comunicación y los trámites.
Esto facilitará un acceso más equitativo a la justicia para aquellos que viven fuera de las áreas urbanas, al mismo tiempo que promoverá una mejor coordinación entre el personal de las Oficinas Judiciales y los Tribunales. Esto se logrará mediante la implementación de tecnologías avanzadas que permitirán una comunicación fluida y telemática entre todas las partes involucradas, incluyendo a los ciudadanos.
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC):
Para descongestionar los juzgados y tribunales, se promueve el uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, como la mediación y la conciliación privada, garantizando los derechos de las partes y fomentando el diálogo como vía para resolver disputas.
Se prevé el uso de estos métodos en vía no jurisdiccional, en el ámbito mercantil y civil, con el fin de aliviar la carga sobre los juzgados y tribunales. Esto significa que se limitará su intervención a los casos donde sea absolutamente necesario, asegurando al mismo tiempo los derechos y garantías legales completas de todas las partes involucradas.
Protección del Consumidor:
En línea con las directrices de la Unión Europea, la ley establece un marco sólido para la protección de los consumidores y usuarios. Se crea un procedimiento único para abordar las demandas colectivas, definiendo también las entidades habilitadas para las acciones de representación e incorporando plataformas electrónicas para una tramitación más ágil y sencilla para los usuarios afectados.
El Gobierno transpone así la Directiva Europea UE 2020/1828, dando un paso más allá de lo exigido por la UE, ya que su ámbito de aplicación no solo será el listado que establece la citada directiva, sino que abarcará todas las situaciones en las que se hayan vulnerado derechos e intereses de consumidores.
Entre las principales novedades, se destaca la posibilidad para los afectados de iniciar dos tipos de acciones legales mediante plataformas electrónicas: acciones de cesación, que buscan detener prácticas dañinas para los consumidores, introduciendo como novedad un requisito de reclamación previa al empresario o profesional; y acciones resarcitorias, que buscan una compensación económica por los daños sufridos. En el caso de las acciones resarcitorias, todos los afectados estarán automáticamente vinculados al proceso legal sin necesidad de solicitar adhesión individualmente al fallo, con la opción de desvincularse si así lo desean.
Además, se establece un sistema público y gratuito de difusión electrónica de estas acciones colectivas a través de un nuevo Registro de Condiciones Generales de la Contratación y de Acciones colectivas, facilitando la participación de los afectados y la coordinación entre los diferentes órganos judiciales involucrados.
Conclusiones:
Con esta ambiciosa reforma, el Gobierno no solo busca modernizar la justicia, sino también garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos en el entorno digital. La implementación de estas medidas marcará un hito en la eficiencia y transparencia del sistema judicial español, alineándolo con los estándares europeos y las necesidades de una sociedad cada vez más conectada.
Fuente: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
La presente publicación no constituye asesoramiento jurídico.
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